Seguridad privada

Reglamentación                                                                                   martes, 12 de junio de 2012

Dicen que la provincia es pionera en la región

Es por la unificación del uniforme color marrón para todas las empresas de seguridad por igual. La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina también apoyó la iniciativa de incluir a los “patovicas” en la reglamentación.

Por Gustavo Martínez. gmartinezpuga@tiempodesanjuan.com

“La provincia de San Juan se posiciona como referente, por ser la primera en la región en reglamentar la unificación de los uniformes”. Con esa frase, el delegado Regional por la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), Juan Manuel Vega, dio su apoyo a la decisión del gobierno de la provincia de reglamentar el negocio de la seguridad privada a seis años de haber sido aprobada la ley que durante estos años estuvo sin reglamentar y generó un descontrol en ese rubro.
En la reglamentación que decretó el gobierno provincial se determinó, entre otros puntos, que todos los vigilantes tengan un mismo uniforme color marrón. Y lo único que se diferenciará entre las empresas será el logo, que irá en el brazo izquierdo.
Sobre la regulación del negocio, la UPSRA elaboró un comunicado para dar su apoyo a la decisión del gobierno provincial, al informar que “celebramos la firma del decreto 649/12 que al reglamentar la presente ley -7.775- jerarquiza nuestra actividad profesionalizando las tareas de nuestros compañeros”.

Hoy en día en la provincia se estima oficialmente que hay más vigilantes pagos que policías, la fuerza de seguridad pública que cuenta con 3.500 hombres. La falta de regulación había provocado que muchas empresas de seguridad tuvieran a sus empleados en negro y sin seguros, generando además una competencia desleal con las que están en regla.

“Está muy bien la reglamentación que ha hecho el gobierno porque va a terminar con el trabajo informal. En la provincia son muy pocas las empresas de vigilancia que reúnen todos los requisitos y pagan los sueldos que rige el convenio. Además, el trabajo en negro representa un peligro para el mismo cliente, quien deberá responder ante algún accidente laboral, por ejemplo”, explicó el ex comisario Raúl Morán, dueño de la agencia El Guardián, la más importante de la provincia.

En ese mismo sentido, la UPSRA informó que “suma herramientas a nuestra tarea diaria contra la explotación de vigilantes informales y pone reglas claras para evitar la actual deslealtad comercial que existe entre las empresas de la actividad”.

Otro de los puntos que regula la nueva reglamentación es la inclusión de los guardias de boliches, restaurantes o locales bailables, conocidos como “patovicas”. La UPSRA aplaudió esa regulación al sostener que “éstos en su gran mayoría trabajan de manera informal o como monotributistas y carecen de seguros o protección alguna sobre su persona. Lo que también es preocupante para este sector es estar actualmente fuera del alcance de las normativas laborales vigentes”.

En siete años creció más de un 30 % la demanda de empleados de seguridad privada en el país

Según un informe realizado para la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 111 mil empleados trabajan en las empresas de seguridad. A lo largo de siete años la cantidad guardias de seguridad se incrementó un 31%. El 70% de la demanda del servicio se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

La seguridad privada en el país sigue creciendo día a día. Según datos oficiales existen más de 1.400 empresas que cuentan con 111 mil empleados, prácticamente el doble de personal que posee la Policía bonaerense.

Los datos surgieron de un estudio realizado para la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, dentro del marco de un proyecto respaldado por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI)

En el trabajo, al que tuvo acceso Online-911, se señala que entre el año 2003 y 2010 la cantidad de personas ocupadas en tareas de seguridad privada se habría incrementado un 31%. Y también que sólo en el año 2009 la Administración Pública Nacional habría efectuado contrataciones de servicios de vigilancia por el valor de $ 429 millones (aproximadamente U$ 107 millones).

Diego Fleitas, director de Asociación para Políticas Públicas (APP) fue quien realizó este trabajo, con la colaboración de María Victoria Quevedo, licenciada en Ciencias políticas e investigadora de APP, en el que se da cuenta del crecimiento a nivel país y a nivel mundial de la gran preocupación por la seguridad y el crecimiento exponencial de la seguridad privada.

“En Sud África, Filipinas, Rusia, los Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y Alemania la seguridad privada supera a las policías (OECD, 20007) y en Latinoamérica habría 2,5 millones de agentes privados (Arias, 2009). En el caso de la Argentina ha ocurrido un fenómeno similar, por lo que en el año 2010 de acuerdo a cifras oficiales había 1.434 empresas de seguridad privada con 111 mil empleados (Ministerio de Trabajo, 2011). Esto ocurre en un contexto de aumento de hechos delictivos y de violencia que comenzó en la década 90, lo cual está acompañado por un incremento de tráfico y consumo de drogas, y de la violencia asociada a ello. Así, en el año 2009 el 77% de la población consideraba a la delincuencia el principal problema del país”, se señala en el informe.

El trabajo, presentado recientemente, analiza el fenómeno de la industria de la seguridad privada como una parte del sector de seguridad y los problemas de definición de esta actividad, proponiendo que tanto a efectos del análisis como de la regulación se deben tener también en cuenta los “servicios adicionales” que prestan las policías, y las actividades de seguridad internos que desarrollan las empresas, ya que además de tener algún carácter privado también tienen efectos o externalidades sobre la seguridad general.

“La relación entre las empresas de seguridad con la policía resulta particularmente importante y problemática al mismo tiempo, ya que es la institución con la que por antonomasia deben coordinar sus actividades, en algunos casos es su organismo de monitoreo sino de regulación”, explica Fleitas en el informe, en el que dice que “sin embargo tienden a existir una larga serie de zonas grises, relaciones complejas y conflicto de intereses que desdibujan dicha relación.

Por ejemplo, es común que los gerentes o agentes de seguridad privada sean agentes retirados de policías o fuerzas de seguridad, e incluso en ocasiones también en actividad. A su vez, las policías suelen vender en forma más o menos orgánica servicios “adicionales” y privados de seguridad, compitiendo en forma directa con las empresas “puramente” privadas”.

A mediados de la década del 90 comenzó un importante incremento de hechos delictivos y de violencia. Entre el 2006 y el 2009 los homicidios se incrementaron un 12%; lo cual en parte podría explicarse por el incremento de los homicidios en ocasión de robo y por enfrentamientos por el control del narcotráfico y de barrios carenciados. Así en total, entre 1997 y el 2009 se habrían producido 40.318 homicidios y la cifra de 2.912 casos del 2009 equivale a una tasa de 7 homicidios cada 100.000 habitantes.

Dicho aumento del incremento del delito ha estado también acompañado por una mayor preocupación de la sociedad por el problema de la seguridad, de forma tal que en los años 2008 y 2009 para la opinión pública la delincuencia se convirtió en el principal problema del país.

Otro dato relevante que se menciona en el trabajo es que el 70% de la demanda del servicio de seguridad privada se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores (Gran Buenos Aires) mientras que las provincias de Santa Fe, Mendoza y Córdoba concentran el 15% de la porción restante

Fleitas concluye que en el trabajo que “ante esta realidad, que puede agravarse ante el creciente incremento de la violencia y el crimen en Argentina, resulta imperioso poder desarrollar capacidades institucionales, y los mecanismos de regulación, monitoreo y coordinación de formal tal que por un lado se eviten o minimicen los problemas asociados a la seguridad privada, y que al mismo tiempo ésta puede ser un factor que contribuya al fortalecimiento del bienestar y seguridad pública general”.

Privatización de funciones de policía en Gran Bretaña

The Guardian UK, Wednesday 22 February 2012 12.03 GMT

La Compañía de Seguridad Privada G4S ha sido contratada para diseñar, construir y gestionar una comisaría de policía de Lincolnshire, en lo que sería uno de los contratos de tercerización más radicales visto hasta ahora en Gran Bretaña.
En el marco del 200 millones de libras a 10 años el acuerdo firmado miércoles, más de 540 funcionarios de la policía civil se unirá a la compañía, que ofrecerá una amplia gama de medios y servicios de back-office.
Esto significa que casi la mitad de la fuerza de 900 trabajadores civiles serán transferidos a G4S como resultado de la operación.
La nueva estación de policía, sobre la base de un diseño de centro y periferia, con 30 celdas de detención y un bloque de oficinas de dos plantas, albergará hasta 120 hombres de personal operativo. Los agentes de policía implicados siguen siendo empleados de las fuerzas policiales.
G4S proporcionará a la policía de Lincolnshire una amplia gama de servicios de apoyo, incluidas las células de funcionamiento, la administración de pruebas de drogas, las licencias de armas de fuego, recursos humanos, sistemas informáticos y la gestión de la flota de la fuerza del vehículos. Asimismo, se establecerá un centro de servicios compartidos que le permitirá ofrecer su experiencia en recursos humanos, nómina y las finanzas a otras fuerzas.
La autoridad policial de Lincolnshire se enfrenta a una recorte de EUR 19.7m en su financiación durante los próximos cuatro años. G4S asegura un ahorro de más de 28m libras en los próximos 10 años como resultado de la operación.
El Jefe de la policía de Lincolnshire, Barry Young, dijo: "Al hacerse cargo de una amplia gama de funciones de apoyo, G4S contribuirá al objetivo de la fuerza de ser capaz de poner el 97% de su nómina en primera línea a partir del mes de abril. "Fundamentalmente, la nueva asociación estratégica también ofrecerá la inversión en infraestructura importante que pueda compensar las reducciones presupuestarias solicitadas por el gobierno. Creo que estamos liderando el camino."
Kim Challis, director general del grupo de G4S gobierno y la subcontratación, dijo que el acuerdo fue el primero de su tipo en Gran Bretaña. "Estamos encantados de tener la oportunidad de poner en práctica muchas innovaciones, tales como las suites de custodia Bridewell”', la primera de las cuales se completará dentro de un año “. "Esta nueva estación de policía será la primera demostración tangible de los beneficios que esta alianza traerá a Lincolnshire. Esto pondrá a Lincolnshire en el corazón de la futura policía de Gran Bretaña, generando un ingreso adicional importante, así como la creación de nuevos puestos de trabajo. "
Sin embargo, la Federación de Policía ha aumentado la preocupación sobre el acuerdo señalando que el personal de la fuerza policial tienen un sentido consagrado de la función pública, mientras que los empleados privados no. "Nuestra preocupación es la resistencia de las compañías que hacen esto", dijo Simon Reed, vicepresidente de la organización. "Cuando tenemos una emergencia nacional o acontecimientos imprevistos, serán capaces de llevar a su personal a trabajar largas horas, sin importar lo que dicen sus contratos?."